Los líderes del G7 instaron al Gobierno de Venezuela a trabajar en el diálogo con sus ciudadanos para resolver "urgentemente" la crisis económica y política que afecta al país, y le pidieron "respetar los derechos y libertades fundamentales".

En una declaración conjunta adoptada hoy en la cumbre de Ise-Shima (centro de Japón), los mandatarios de las siete potencias más industrializadas del mundo llamaron al Ejecutivo que preside Nicolás Maduro a "respetar los derechos fundamentales, los procesos democráticos, las libertades y el imperio de la ley".

Todo ello para "proporcionar acceso a juicios justos y a procedimientos adecuados", según recoge el texto publicado hoy.

Los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea pidieron al país sudamericano que "establezca las condiciones que permitan el diálogo entre el Gobierno y sus ciudadanos, con el fin de encontrar medios pacíficos para resolver la creciente y aguda crisis económica y política, respetando la voluntad del pueblo".

El país se encuentra sumido en una profunda crisis política ante los constantes roces entre la Administración central y la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora.

En este sentido, el G7 pidió a ambas partes que "trabajen urgentemente juntos para lograr este objetivo (el fin de la crisis)".

Los líderes del G7 también adoptaron un plan de acción para combatir el terrorismo y el extremismo violento, que incluye un mayor intercambio de la información de los servicios de inteligencia y más cooperación en el área de seguridad fronteriza.

El Grupo de los Siete decidió así hacer frente al "preocupante aumento del número de ataques terroristas, especialmente aquellos perpetrados en lugares vulnerables debido a su acceso abierto o a las barreras limitadas de seguridad", según consta en la declaración adoptada en la cumbre de Ise-Shima (Japón).

Ante esta "urgente amenaza para la seguridad global", los líderes del G7 piden "hacer mayores esfuerzos coordinados y a nivel colectivo", que además de a las autoridades nacionales incluyan al sector privado, a organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, según el texto.

En él, también denuncian "las atrocidades y los abusos de los derechos humanos por parte de Estado Islámico (EI), al Qaeda y otras organizaciones terroristas", que suponen "un serio desafío para la paz, la seguridad y los valores compartidos por la comunidad internacional".

Asimismo, alertan sobre "la explotación de internet y de las redes sociales en todo el mundo para propósitos terroristas, de extremismo violento y otros fines criminales, como la captación y financiación de organizaciones de este tipo".

En la misma línea, el G7 señala la necesidad de "incrementar la seguridad del transporte aéreo" para responder a las crecientes amenazas terroristas.

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de los Siete llama a la aplicación de la estrategia destinada a cortar los canales de financiación de las organizaciones terroristas, respaldada por los ministros de Finanzas del G7 en la reunión celebrada el pasado fin de semana en Sendai.

Además, subrayan su rechazo a pagar rescates a organizaciones terroristas, lo que supone "una de sus principales vías de financiación" y "un incentivo para que continúen los incidentes de secuestros de ciudadanos".

El G7 se comprometió a trasladar todos estos principios de acción en medidas concretas, y a hacer un seguimiento regular de sus políticas antiterroristas para mejorar la coordinación.

EFE